El tema central del que se ha hecho eco la prensa en esta primera semana tras el mes de agosto ha girado alrededor del inicio del curso académico, como no podía ser de otra manera. Número de plazas ofertadas frente a la demanda real, carreras, listas de espera, etc. Es en septiembre cuando se empiezan a visualizar todos los datos consolidados de los procesos de matrícula ante la inminencia del inicio del curso académico. Un curso que, en la mayoría de universidades o ha empezado ya o se espera que lo haga la semana del 9 de septiembre de 2013. Los datos que se manejan en cuanto a adecuación de oferta y demanda son buenos. En el caso del Sistema Universitario Público Valenciano, se ha cubierto el 97% de las plazas ofertadas. Está claro que las titulaciones que se apuntan ese 3% restante son las que más han sufrido el azote de la crisis, fundamentalmente las relacionadas de una manera u otra con el sector de la construcción. 
Este tema ha desencadenado otros, como el impacto que va a tener la nueva política de becas impulsada desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, con especial énfasis en el requisito de una nota superior para acceder a estas ayudas. Los argumentos han variado, desde los que se centran en la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para todos, hasta los que ven las becas como una manera de premiar la meritocracia independientemente de la situación económica. En cualquier caso la inclusión de un incremento de tasa que module el uso de recursos públicos (como el que se intentó en el tema del gasto farmacéutico o en la controvertida reforma sobre las tasas judiciales), no parece lo más adecuado, especialmente cuando se está tratando de familias con pocos recursos económicos. Incorporar criterios de excelencia se puede realizar de muchas maneras, pero no tiene porqué llevar aparejado un incremento en el coste del uso de ese recurso. Las normativas de permanencia desarrolladas en las universidades hacen esta función y no requieren para ello de un desincentivo económico para el estudiante.
Este tema, además, se complica aún más con la importante subida de tasas universitarias que claramente debería llevar aparejada una mejor política de becas. La reacción de las comunidades autónomas ha sido variada. Si bien la muchas han intentado acoplarse a las directrices del Ministerio, destacan casos como el de Extremadura. El gobierno extremeño, en contra de la política definida por su propio partido, ha definido becas complementarias para aquellos alumnos que no cumplen los requisitos establecidos por el Ministerio. Las universidades mientras tanto han hecho su aportación, desde el incremento de sus fondos de acción social hasta la extensión de un sistema que permitirá a los alumnos abonar el importe de la matrícula en mensualidades.
Pero sin duda lo que ha acaparado mayor atención en los medios ha sido la propuesta de la Rectora de la Universidad de Málaga para promover donaciones que ayuden a financiar la formación de los estudiantes con menos recursos económicos. Las réplicas han sido variadas, desde los que rápidamente han apoyado la iniciativa, hasta los que han recordado que es el Estado el que debe de garantizar el desarrollo del derecho a la educación en igualdad de oportunidades. La mayor parte de argumentos en contra han equiparado esta iniciativa con la caridad, mientras que otros la han intentado enmarcar dentro del la implantación de políticas de mecenazgo al estilo de las universidades americanas. Incluso se ha sacado a colación otro tema siempre presente que es el que en definitiva provoca las dificultades financieras que padecen muchas universidades: el retraso en los pagos por parte de las comunidades autónomas a las universidades. Este artículo de +La Razón destaca que “si Andalucía pagase su deuda con las universidades no habría que apadrinar estudiantes”. Un comentario muy acertado ya que resalta el problema de fondo que tiene la universidad española: la falta de un compromiso serio por parte de los gobiernos autonómicos en cuanto a la financiación de la educación superior. Estos retrasos incrementan en definitiva el endeudamiento de los centros universitarios y dificultan la prestación de un servicio fundamental como es el de la educación.
La Valencia International University también se ha hecho un hueco en los titulares, algunos se han dedicado a  resumir sus cifras de oferta y demanda mientras que otros directamente abogan por el cierre o venta inmediata de la misma, como explica el Catedrático de la Universitat de València Guillermo Quintás en el periódico +Levante EMV, noticias de Valencia y Castelló .
En el ámbito de las universidades privadas, la prensa se ha recogido algunas iniciativas que se han puesto en funcionamiento para incorporar la Formación Profesional de Grado Superior en los campus privados. Estos títulos tienen cada vez más demanda y muchos de estos centros han visto una oportunidad para ampliar su oferta de servicios.
Destaca también la expectación que hay en la Universidad de Zaragoza ante la visita del Ministro José Ignacio Wert para la apertura del curso académico. Según citan los medios ya hay colectivos de estudiantes que pretenden expresar sus opiniones delante del Ministro, aunque matizan que en ningún caso pretenden impedir que el acto se produzca. Además es bastante probable que se realice una de las sesiones del Consejo Escolar en Zaragoza con motivo de la visita del Ministro.
En definitiva, de nuevo la adecuación de la oferta y la demanda, la financiación, el acceso a la educación superior o el papel de la universidad privada, vuelven a colmar los titulares. Todos ellos temas básicos que deberían estar resueltos pero que probablemente marcarán el desarrollo de este curso académico.